Continuación del artículo de Alonso Sánchez Álvarez, Secretario General y Asesor Jurídico de la Asociación de Empresarios de Transportes de Extremadura (Asemtraex), sobre el transporte en Extremadura: «claves de futuro».

El desarrollo de dichas políticas en Extremadura permitirá una necesaria mejora del actual parque de vehículos, un aumento de la seguridad en el tráfico y un tratamiento adecuado del Medio Ambiente.

Todo lo anterior supone un incremento de los costes del transporte que rondará el entorno del 30% sobre los actuales precios que se cobran por la prestación de servicios ya sea en mercancías o en viajeros.

Por ello el precio medio de prestación del servicio en el caso de transporte de mercancías en vehículo de 24 Tm de M.M.A. en largo recorrido no debería en ningún caso ser inferior a 1,30 €/Km y en el caso del transporte de viajeros en un autocar de 55 plazas en largo recorrido el precio mínimo no debería ser inferior al 1,50 €/Km.

Las empresas de transporte (tanto de mercancías como de viajeros) deben asumir la necesidad de traslación de estos incrementos de costes, sensiblemente superiores a los actuales, si quieren continuar manteniendo una mínima rentabilidad y ser competitivas en el mercado.

El usuario de transportes (sea mercancías o viajeros) debe entender y aceptar que la prestación de un servicio eficaz, en tiempo y que cumpla con las exigencias normativas en materia de conducción y descanso y de características técnicas de los vehículos tiene un coste mínimo que debe ser cobrado por las empresas.

Todo lo que signifique una reducción sobre los anteriores costes se tendrá que realizar siempre en detrimento de la calidad, la eficacia o lo que es más grave (sobre todo en el caso del transporte de viajeros) la seguridad en la prestación del servicio puesto que es imposible que las empresas asuman unos costes de explotación por encima de su precio de comercialización.

El usuario o cliente de la empresa de transporte debe asumir estas circunstancias y no pretender una prestación de servicio por debajo de los precios mínimos que fijan las circunstancias del propio Sector.

La Administración además debe realizar campañas informativas a los usuarios y controlar especialmente dentro del ámbito de su actuación inspectora a las empresas cargadoras y usuarias de transporte público de mercancías y viajeros que contraten con empresas no legalizadas o que incumplan sus obligaciones de carácter social o fiscal.

El usuario de transporte debe asumir que debe contratar con empresas legalizadas, que cumplan lo establecido a nivel normativo y que esto conlleva un coste junto a una seriedad, eficacia y seguridad.

Los usuarios del transporte público de mercancías y viajeros deben conocer que en caso de contratación de empresas que no se encuentren debidamente legalizadas pueden ser sancionados por ello con cuantías de hasta 4.601 € por cada contratación fraudulenta.

Labor de la Administración será el hacer llegar esta información a los usuarios y en caso necesario hacerles cumplir con la legalidad mediante la imposición de las sanciones aplicables.

Labor de los empresarios de transporte será explicar y convencer a sus clientes de la necesidad de tales incrementos de costes y en caso necesario tener la suficiente seriedad y espíritu empresarial como para no entrar en el juego de las continuas bajas de precio, incluso por debajo de los costes de explotación, para lograr clientes a cualquier precio.

Cumpliendo lo anterior se logrará que el transporte en Extremadura este preparado para asumir una nueva etapa en la cual las empresas se encuentren dimensionadas de forma adecuada al servicio que deben prestar, y que las mismas al cobrar un precio aceptable por sus servicios puedan ser competitivas y cumplir fielmente la legalidad, impulsando el futuro de nuestra Región.

La Administración por su parte debe seguir actuando en defensa del Sector, logrando los incentivos para renovación de flotas anteriormente expuestos y persiguiendo la contratación por los usuarios de empresas de transporte ilegales.

En el caso de transporte de viajeros la Administración debe actuar ante la próxima finalización de las vigentes concesiones de servicio regular con cautela y en defensa de los intereses de las empresas concesionarias y los usuarios que no tienen por que ser contrapuestos sino complementarios.

En los transportes regulares y en otros como el transporte escolar, los Judex, etc., la administración, como usuaria de transportes, debe asumir la necesidad de abonar a los transportistas de viajeros unos precios dignos por la prestación de estos servicios de carácter marcadamente social al efecto de que los mismos puedan sostener sus estructuras empresariales y mejorar en innovar las flotas prestadoras del servicio tendiendo a garantizar el equilibrio económico de las empresas prestatarias de tales servicios.

La Administración Local por su parte debe asumir una regulación racional de las zonas y horarios de carga y descarga en las poblaciones, la dotación de zonas adecuadas y vigiladas para estacionamiento de vehículos pesados y un tratamiento sensible del nivel impositivo de los camiones y autocares en el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (I.V.T.M.).

La mejora de las actuales infraestructuras viarias, con la finalización de la autovía de la Nacional 630 (Ruta de la Plata), de la autovía entre Cáceres y Badajoz, de la autovía entre Cáceres y Trujillo, la construcción y puesta en funcionamiento de la Plataforma Logística de Caya (Badajoz), la construcción y entrada en funcionamiento del Ave en Extremadura y el aeropuerto de Cáceres son mejoras en infraestructuras e intermodalidad necesarias para el impulso no sólo del transporte sino de la economía y sociedad Extremeñas y que para superar el futuro deben ser asumidas y desarrolladas de forma prioritaria.

Con todo lo anterior una sociedad como la Extremeña podrá disponer en el futuro de un transporte público que pueda hacer frente a los nuevos retos y necesidades que se le demanden, sin complejos y con una prestación seria adecuada y solvente de un servicio que, como ya hemos indicado, constituye uno de los pilares básicos para la consecuencia de una sociedad del bienestar, como es el transporte público.

[highlights color=»#3CADC9″ fcolor_bool=»yes»]¿Te ha gustado el artículo? si es así compártelo con tus contactos en tus distintas redes sociales y aporta valor a tus amigos y seguidores.[/highlights]